Reforma energética, la batalla del siglo XXI

La izquierda institucional  ha advertido que no pasará reforma alguna que implique inversión privada ni competencia en hidrocarburos. Es posible que lance tal advertencia  para subir el precio de la negociación, y para ganar tiempo manteniendo  apaciguado al delirio populista que la acosa, mientras prepara su transformación en una socialdemocracia moderna.

Pero si la advertencia es seria y de principios, habría dos escenarios. En uno, se rompe el Pacto por México, se crea con ello  un ambiente que alimenta al extremismo, y campea la confrontación callejera que muchos acarician. En otro, no se rompe el Pacto por México, pero a cambio, el sector energético permanece monopolizado y estanco a la inversión privada; no le sirve a México, ni al gobierno. Supongamos por ahora que este segundo escenario se descarta.

Dando por descontado que la negociación con el PAN es más expedita dada su presumible afinidad con el sentido de los cambios constitucionales requeridos, es claro que el gobierno debe ofrecer algo muy atractivo a la izquierda institucional, como premio o incentivo, si es que ésta se decide y es capaz de emprender su propia reforma. O bien, debe estar dispuesto a dar la batalla, tanto en las calles como en la opinión pública, ejerciendo con  prudencia y en el marco de la ley,  pero con firmeza, la fuerza legítima del Estado. Sobre todo, debe hacer  acopio de municiones mediáticas y de persuasión o pedagogía colectiva sobre el imperativo y la racionalidad de la reforma. Debe prepararse para reclutar medios, analistas, y especialistas en comunicación política, y confeccionar una plataforma muy sólida de argumentos.

Será la verdadera batalla de las ideas por la modernización de México. Se trata, ni más ni menos, de codificar nuevos valores públicos en el imaginario nacional: No hay razón alguna para sostener monopolios en hidrocarburos, al igual que en todos los sectores o actividades económicas que no son monopolios naturales; la competencia es indispensable para lograr eficiencia y desarrollo tecnológico. PEMEX debe ser una empresa competitiva y transparente, controlada por el Estado, pero con inversión privada en la Bolsa Mexicana de Valores y sujeta a su disciplina. PEMEX no tiene capacidad para explorar y explotar por sí sola yacimientos complejos a grandes profundidades en el Golfo de México ni para desarrollar el potencial de gas de lutitas (shale gas), necesita alianzas como todas las grandes empresas petroleras del mundo. Empresas mexicanas y extranjeras deben sumarse al desarrollo del sector de hidrocarburos, para invertir, generar empleos bien pagados y elevar crecimiento económico a tasas superiores al 5% anual. Más vale tener el 80% de una renta petrolera creciente, que el 100% de una renta petrolera que decae y se disipa. Una empresa (PEMEX) no puede ser la administradora de la riqueza nacional en materia de hidrocarburos, sino la Comisión Nacional de Hidrocarburos. PEMEX debe competir sola o en alianzas por la explotación de las reservas petroleras y de gas a través de licitaciones, y pagar impuestos, derechos y regalías al igual que todas las empresas participantes. PEMEX debe ser una empresa integrada (exploración, explotación, refinación, gas, petroquímica básica) y liberada del yugo fiscal para desarrollar todo su potencial, lo cual implica llevar a cabo una reforma fiscal paralela (ya que aporta el 37% de los ingresos del Estado). Debe haber una estricta regulación ambiental y de riesgos de acuerdo a estándares internacionales, tanto en tierra como en el mar.

 Una buena argumentación con estos elementos por parte del gobierno, elevará los costos para la izquierda institucional de negarse a la reforma, pero le abrirá el espacio  para prevalecer sobre el populismo caudillista que la ha corrompido. De negarse, facilitará su derrota.

Para más información del estado del sector energético vea: http://fororeformaenergetica.com.mx/pdf/folleto-energia-final.pdf

Pacto por el Valle de México

La macro-política es el terreno de juego donde el nuevo gobierno ha concentrado su voluntad y habilidades. El Pacto por México ha sido una notable innovación política, que dio fin al Dilema del Prisionero que durante muchos años hizo perder al país, y  a todos los actores con un estrecho cálculo racional. Sus éxitos  son incuestionables, y es muy probable que se extiendan  hasta las reformas energética, fiscal y política, y más allá, hasta la seguridad social.

Sin embargo,  las macro-reformas estructurales, de arriba a abajo, serán megacefálicas, sin reformas institucionales de abajo hacia arriba capaces de articular  regionalmente esfuerzos sectoriales de gobierno. El territorio sí importa. Así como hay cuellos de botella institucionales que ocluyen la competitividad a escala macro, también los hay a escala regional. Sin ciudades y regiones prósperas, sostenibles y competitivas, no habrá un país próspero, sostenible y competitivo. Ciudades y regiones no se transforman en el sentido correcto y en cascada sólo a partir de actos de taumaturgia política en la cúspide, o de códigos de reforma estructural a escala macro. Necesitamos con urgencia nuevas instituciones y políticas para ciudades y regiones prioritarias, expresadas en una dimensión territorial. Un pretexto para no hacerlo es el Artículo 115 Constitucional, que confiere facultadas esenciales y casi excluyentes a los municipios. Pero sólo es un pretexto. También, un federalismo ladino y casi decimonónico, una mezquina visión soberanista en gobiernos estatales, y un rebote anti-centralista entendible pero ajeno a un Estado federal maduro y funcional.

El vacío de política regional se agranda, y puede dejar sin soporte físico-territorial a la agenda para el desarrollo del país. Así como hay un Pacto por México, debe haber un Pacto para diferentes regiones prioritarias. Esto requiere visión y liderazgo, capacidades técnicas, y convicción y habilidades políticas a escala regional, al menos de la calidad de las desplegadas en el Pacto por México. Exige hacer confluir la política-política local, con los  intereses públicos regionales a largo plazo y con la política y las políticas públicas federales. O sea, valores públicos, visión, destreza y compromiso.

Ahí está la experiencia de las comisiones de cuenca vigentes entre las décadas de los cuarenta y setenta del siglo XX: las comisiones del Papaloapan, del Balsas, del Grijalva, generadoras de errores y conflictos, pero también de aciertos y de avances. Se impone su evaluación histórica.

De entrada, el Valle de México se ofrece como imperativo de política regional integrada,  con problemas renacientes de contaminación atmosférica, de gestión del agua, de caos urbano, y de manejo de residuos, así como de movilidad y transporte (sin tocar el tema de seguridad). Son problemas críticos, que lastran seriamente la competitividad y sustentabilidad de la región metropolitana, y que no tienen solución posible en el caleidoscopio fracturado de jurisdicciones múltiples y descoordinadas. Es un solo sistema urbano y regional.  Existe el antecedente de la Comisión Ambiental Metropolitana, que por desgracia ha sido confinada a la vida latente en los últimos lustros. Peor aún, políticos interesados en la supervivencia de sus aparatos clientelares ahora buscan municipalizar al Distrito Federal en la reforma política que acarician, fracturando todavía más las posibilidades de una gobernanza regional-urbana integrada.

No es previsible una acción colectiva espontánea y eficaz por parte de los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México, y menos, de docenas de municipios conurbados con variopinto color partidario. Esa acción colectiva sólo puede ser emprendida por el Gobierno Federal, en este caso, por SEMARNAT, asumiendo la convocatoria, el liderazgo y la coordinación, probablemente, sobre un nuevas bases jurídicas e institucionales. Esperemos.

Nueva política de vivienda urbana ¿cómo?

Es obvia la quiebra urbana, social y financiera del modelo de producción de vivienda seguido durante décadas. En la campaña presidencial de 2012 el problema se hizo emerger en la arena política, se socializó, y se apuntaron ideas para resolverlo. Oportunamente, el diagnóstico y las soluciones han sido asumidos por el gobierno de EPN, a través del INFONAVIT y de la creación de la SEDATU. El discurso ha permeado. Ya es un mantra en todos los foros plantear ciudades densas y compactas, poli-céntricas y diversas, sustentables y competitiva. La política de vivienda es el instrumento para lograrlo.

La capacidad de producción es enorme: 600 mil viviendas anuales financiadas por organismos nacionales de vivienda; su impacto en la estructura y funcionalidad de las ciudades es formidable. Hasta ahora, la tierra más barata ha definido la localización de desarrollos habitacionales, con resultados catastróficos. La tierra representa un 10-15% en promedio del valor de la vivienda. El objetivo central en la nueva política debe ser una localización intra-urbana, en desarrollos verticales integrados a la ciudad y con servicios  públicos. Ahí, el costo  del suelo es significativo, digamos que llegaría a 25%. Tal costo incremental puede ser cubierto: a) creativamente con mayor crédito hipotecario respaldado por la plusvalía de la vivienda, y mayor ingreso disponible por menores costos de transporte y servicios; b) con los crecientes recursos excedentes de INFONAVIT; y c) con el cambio en el sistema de subsidios hacia  la tierra urbana, en vez del subsidio individualizado a la vivienda.

Es preciso construir un banco de tierra por la vía de compras y expropiaciones, o por la simple identificación y registro de predios urbanos aptos para su re-desarrollo. Muchos se fusionarían en polígonos de actuación o serían incorporados a programas de revitalización de barrios. Habría que considerar la pertinencia de un esquema de swaps de reserva territorial con las empresas vivienderas hoy colapsadas, claro, si transforman su modelo de negocios. ¿Quién lo haría, INFONAVIT o SEDATU?. Implicaría un sujeto capaz de crearlo y gestionarlo, especie de inmobiliaria federal con el concurso de gobiernos estatales. En paralelo, sería imprescindible contar con capacidades sólidas de diseño e integración urbana, para generar lineamientos de proyecto, y criterios de asignación de crédito hipotecario. El crédito hipotecario de INFONAVIT y FOVISSSTE sería el instrumento crucial no sólo en política de vivienda, sino en política urbana. Se otorgaría sólo a viviendas que formaran parte de proyectos urbanos acreditados por el cumplimiento de lineamientos y criterios. El derecho a la vivienda como subsidiario del Derecho a la Ciudad.

Para dinamizar la oferta de tierra urbana, inhibir la especulación, y reducir su costo, deben cambiarse los incentivos que representan los impuestos prediales a nivel local. La Federación (¿INFONAVIT, SEDATU?) pactaría con estados y municipios nuevos catastros, y la penalización fiscal de predios baldíos, abandonados o subutilizados. Impuestos prediales punitivos para ellos, como mecanismo de internalización de los pasivos urbanos y costos de oportunidad que imponen a las ciudades. También se convendría la modificación, en su caso, de regulaciones de densidad, altura y usos del suelo, en los programas de desarrollo urbano o municipal. BANOBRAS participaría en el financiamiento de infraestructura, de ser necesario, y el gobierno local recuperaría plusvalías. Los proyectos de vivienda urbana en renta o venta podrían igualmente financiarse a través de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAS). 

El INFONAVIT ofrecería garantías y haría los descuentos para el pago de vivienda en renta, abriendo un gran mercado ante las nuevas condiciones, demográficas, culturales y laborales de la población.

Veremos cómo INFONAVIT y SEDATU asumen el reto.

Mares, desafío urgente de gobierno

La pesca en México la llevan a cabo cerca de 100 mil embarcaciones, de las cuales 3,000 son barcos industriales o de altura y el resto lanchas (pangas) de pesca artesanal o ribereña, que operan en el territorio nacional marino y patrimonial, 2.3 veces más grande que el territorio terrestre.   El sector emplea a unas 250,000 personas, y representa poco más de la mitad de un milésimo del PIB nacional. Su valor total  (excluyendo acuacultura)  ronda apenas los 10 mil millones de pesos, y el volumen de captura, obviamente de especies silvestres, asciende a un millón de toneladas anuales. Cerca del 60% de la pesca es ilegal, es decir, contraria  a la Ley de pesca y Acuacultura Sustentables, a su reglamento y a 39 normas oficiales vigentes; es decir, se practica sin permiso, con artes de pesca prohibidas, en zonas y épocas de veda, sin registro, y sin respeto a las tallas de los especímenes capturados (IMCO. 2012. La Pesca Ilegal, una Barrera a la Competitividad).  La Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) carece de autoridad y capacidades para regular y controlar al sector, con sólo 200 inspectores mal pagados y 60 lanchas para todo el país. Más del 70% del presupuesto del presupuesto gubernamental se dirige a subsidiar la sobrexplotación pesquera por la vía de combustibles, motores y otros activos; además de que los pescadores están exentos de pagar IVA e ISR  (cooperativas). Los subsidios totales se estiman en alrededor de 2,500 millones de pesos - la cuarta parte del valor que aporta el sector.

Por su parte, la Secretaría de Marina no tiene el equipamiento ni el personal suficientes, tampoco facultades integradas para vigilar, inspeccionar y promover sanciones. Las capacidades de PROFEPA son virtualmente testimoniales, mientras que SEMARNAT se desentiende. El 20% de las pesquerías mexicanas están colapsadas por sobre-explotación, y casi la mitad están siendo explotadas al máximo. El Pacífico Central en general y la pesquería de camarón en Campeche son ejemplos de deterioro extremo de recursos marinos. (ver Arreguín y Arcos. "La Pesca en México: estado de explotación y uso de los ecosistemas." Hidrobiológica 2011, 21, 3 ). Los impactos ecológicos son cada vez mayores por el excesivo esfuerzo pesquero y el uso de artes de pesca (tecnologías) altamente depredadoras, lo que conlleva a la extinción inminente de numerosas especies, incluyendo tortugas, mamíferos marinos y tiburones, ente otros. En especial, la pesca ribereña sin control tiene consecuencias mucho más allá de los recursos objetivo, ya que opera en áreas someras donde se desarrollan individuos juveniles de muchas especies, y donde la fragilidad de los ecosistemas es mayor. La sobrexplotación de una especie en particular hace que derrumben complejas relaciones tróficas o cadenas alimentarias en los ecosistemas marinos.

México contempla pasivamente la inmolación de sus mares a la incuria, en una extendida tragedia de los recursos comunes (siempre, Garret Hardin). Es urgente que el gobierno de EPN tome decisiones para construir un sistema funcional de gobernanza en mares y costas, como: crear una entidad de gobierno y regulación eficaces, sea unaAgencia descentralizada o una subsecretaría dentro de SEMARNAT, lo que ayudaría a dotar a esta última de nueva sustancia y contenidos; fundar una Guardia Costera (o Policía Única en el mar)  con facultades integradas de inspección, vigilancia y ejecución, a partir de elementos de la Secretaría de Marina; implantar derechos de propiedad en el mar, por medio de concesiones territoriales a largo plazo (TURF´s), y cuotas comercializables de pesca (ITQ´s), para lo cual es necesario modificar la legislación; multiplicar Áreas Naturales Protegidas marinas como parques nacionales y reservas de la biósfera; reorientar los presupuestos a la pesca, hacia la reconversión a otras actividades eliminando los subsidios a combustibles y motores; y,  establecer un sistema de certificación de productos pesquerossustentables. O el colapso.

Barbarie ecológica y embargo comercial

México no está para otro  estigma, que además de la violencia delictiva, sea abierto por un negro rejón en nuestra reputación y prestigio internacional. Es preciso reaccionar.  Después de tantos meses, ya es tiempo para las autoridades ambientales del país. Y con urgencia; ante la gestación de un embargo comercial a México por nuestra incapacidad de respetar convenios internacionales y leyes nacionales. 

El exterminio de especies marinas protegidas por parte de pescadores mexicanos ha llamado intensamente la atención en los Estados Unidos. Ya gobiernos anteriores (y al parecer el actual también) han asumido con un suspiro desdeñoso la extinción de la vaquita marina en el Alto Golfo de California. Y ahora, también, de las más importantes poblaciones de tortugas marinas que desovan en las playas de Baja California Sur, en el amplio Golfo de Ulloa que se abre hacia el Pacífico. Carecemos de la voluntad, de las instituciones, y de los instrumentos necesarios para gobernar eficazmente mares y costas del país. La pesca industrial y artesanal se desarrollan en gran medida con impunidad ecológica a través de un esfuerzo pesquero excesivo, artes de pesca depredadoras y prácticas insostenibles, y promovida por subsidios irracionales. El impacto ambiental es dramático.

La muerte de tortugas caguama o amarillas,  negras,  golfinas, y de carey ha aumentado en la región más de 600% en los últimos años. En 2012 fueron reportadas 2,250 tortugas muertas, sólo una fracción de la cifra real. La causa: enormes redes agalleras o de enmalle tendidas por los pescadores frente a las costas, en las cuales son atrapados, asfixiados  y muertos miles de ejemplares de mamíferos y tortugas marinas. Estas últimas, al intentar desovar en las playas mexicanas después de un extenuante viaje por todo el Pacífico desde las costas de Asia. El Grupo de Expertos de Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) ha manifestado ya en una carta  al presidente Enrique Peña Nieto, su aguda preocupación.

A través de un report

e elaborado para el Congreso de los Estados Unidos, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS), dependencia de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), identificó a México como la única nación que captura especies protegidas, refiriéndose a la captura y muerte de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. Lo que sigue,  es un procedimiento para establecer  sanciones comerciales a México, similares a las impuestas  por la muerte de delfines en las redes atuneras. El gobierno estadounidense reconoce que las cifras reportadas por el gobierno mexicano sólo son la punta del iceberg, y que en realidad la mortandad de tortugas es mucho mayor. México viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.

Todo esto es un síntoma más de des-gobierno en los mares y costas mexicanos; territorio que es una verdadera torre de babel jurídica; de muchos y de nadie en términos institucionales. Ley Federal del Mar, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. SEMARNAT, SEMAR, CONAPESCA,  CONANP, PROFEPA... la tragedia de los recursos comunes, falla estrepitosa de gobierno. Los pasivos y tensiones se acumulan y son insostenibles. SEMARNAT debe asumir responsabilidad de inmediato sobre lo que ocurre en el Golfo de Ulloa, además de  promover a su interior la creación de  la Subsecretaría o Agencia Mexicana de Mares y Costas. Hay ahí suficiente capacidad disponible para ello.

¿Para qué sirve la planeación en México?

Hay un frenesí de planificación. Se multiplican consultas y foros coordinados por altos funcionarios, consejos consultivos, y multitud de oradores y presentaciones en Power Point. Que si el Plan Nacional de Desarrollo (sí, con mayúsculas), que si el Programa General de Desarrollo Urbano (también con mayúsculas) en el DF. Luego vendrán en catarata todos los programas sectoriales para continuar el paroxismo planificador. Porque Plan, sólo hay uno, como Dios Padre; los demás son programas. Lo mandan los Artículos 25 y 26 Constitucionales vigentes y la Ley de Planeación, curiosamente alumbrados en tiempos de Miguel de la Madrid, a quien nadie hubiera podido acusar de estalinista. Hoy es un ejercicio obsoleto, híbrido entre lo que hacía Gosplan en la Unión Soviética y un happening de democracia directa, relaciones públicas, y ceremonial de autoafirmación y representación de relaciones de poder. ¿Sirven de algo los planes?

Cuesta trabajo imaginar gobiernos que llegan al poder sin saber qué hacer, sin una plataforma y un verdadero programa de gobierno, y que necesitan escuchar los deseos de todos para con ellos configurar sus decisiones. Si fuera así, habría que arrodillarnos y rezar. La planeación ¿llena el vacío que dejan campañas electorales huecas, sin contenidos y sin oferta política clara? ¿Sirve para cubrir nuestro déficit de racionalidad pública electoral?

Lo que intuimos es que los planes sirven de muy poco. Hay que sospechar que la realidad de gobierno los deroga desde el primer día, y que sólo adornan estanterías cuando están bien encuadernados. ¿Es verdad que planes y programas tienen un impacto en las decisiones de política pública y en la dinámica del desarrollo? Lo que se entrevé casi siempre es que los planes sólo codifican, en el mejor de los casos, decisiones que se han tomado con anterioridad y que se hubieran dado de cualquier manera, para bien o para mal. La planeación debe ser evaluada a partir de su impacto causal o de las consecuencias objetivas que tenga sobre los patrones de crecimiento y desarrollo, sobre la estructura del gasto público, y sobre los incentivos (regulaciones, impuestos) que determinan las conductas de los actores económicos. Existe poca evidencia, pero la simple observación nos indica que en México tales consecuencias son nulas o muy poco significativas. Se impone una pregunta contra-factual: ¿las cosas hubieran sido diferentes en ausencia del plan? Puede asegurarse que no. Lo ocurrido durante un gobierno ¿puede atribuirse al contenido del plan? Pues tampoco. Bueno, pero se diría que la planeación también tiene el objetivo de hacer emerger consensos y de crear por tanto cierto capital social. Esto puede concederse, aunque hay formas mejores y más eficientes de lograrlo. (Millard-Ball, A. 2012. "The limits to planning, causal impacts of city climate action plans."JPER.)

Es posible admitir que la planeación persigue igualmente coordinar decisiones interdependientes o intersectoriales al interior del sector público, o frente a otros actores, cuando hay altos costos de transacción. Puede ser. También puede ser que con la planeación se busque modificar las percepciones, preferencias, o la información que tiene la ciudadanía con la finalidad de darle viabilidad a decisiones pre-establecidas. Esto suena más lógico, junto con la posibilidad de que sean un disuasivo, es decir, que  le genere costos políticos a quienes no se ajusten a decisiones tomadas previamente y que serán consagradas en los planes. En fin, la verdad es que no sabemos. Sería muy bueno que nos aclararan para qué sirve la planeación en México.

Sustentabilidad, fuera del gabinete

Hay un contraste gris y silencioso en el espectacular arranque del Gobierno Federal: la ausencia, hasta ahora, de una visión de sustentabilidad  ambiental a largo plazo para México. El tema ha quedado fuera de su foco de atención. En el siglo XXI, la competitividad de un país, su dinámica de desarrollo a largo plazo,  su prestigio y liderazgo internacional, e incluso, escenarios de seguridad nacional, están íntimamente articulados a  políticas de sustentabilidad como tejido conector de un proyecto nacional coherente y viable. Son políticas que por naturaleza exigen mecanismos eficaces de coordinación entre instancias del gobierno federal, y entre éstas y los gobiernos estatales y municipales. En México, exigen pues, un Gabinete de Sustentabilidad. Se ha olvidado.

En esta semana la Presidencia de la República anunció los ejes de gobierno que darán forma a la administración federal, definidos en gabinetes especializados: seguridad, política social, educación, economía, y política exterior (planteados oficialmente con nombres más evocadores). Serán presididos por los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social, Educación, Hacienda, y Relaciones Exteriores. Nada de sustentabilidad, desafío inherentemente  transversal y multidisciplinario,  vital para el futuro de un país  atribulado y con altísima responsabilidad global en materia ambiental. En México, al parecer, la agenda de sustentabilidad se cotiza muy a la baja. Nota negativa, diría alguna calificadora.

Sin un sistema de coordinación a escala de gabinete especializado, cómo ensamblar una política de ciudades (para un país que es y será eminentemente urbano), de funcionalidad y estructura urbana, de vivienda,  transporte y servicios públicos. Será imposible contener y revertir la deforestación del territorio nacional, y la destrucción de la biodiversidad terrestre y marina, explicables en lo fundamental por políticas agropecuarias y pesqueras ambientalmente perversas de subsidio y fomento, al igual que por instrumentos mal diseñados  de combate a la pobreza. En este vacío,  es también  inútil pensar el ordenamiento territorial y el manejo sostenible de mares y costas, en lo que deben concurrir numerosas secretarías y todos los órdenes de gobierno. El desarrollo ambientalmente sostenible de la minería como nueva actividad motriz de nuestra economía (al igual que  en el Perú, y en Chile) quedará en entredicho y sujeta a incertidumbre generalizada y conflictos paralizantes.

Será muy riesgoso emprender proyectos ambiciosos de infraestructura (como el nuevo aeropuerto en Texcoco) donde las variables ambientales son de carácter crítico. La política industrial carecerá de una dimensión verde esencial para su competitividad y cadenas de valor sostenibles. La escasez de agua se agudizará por sequías y  contaminación e inutilización consecuente de recursos hídricos, mientras ecosistemas acuáticos y cuencas completas se sumen en un total desastre ambiental, como  Lerma, Zahuapan, Atoyac, Apatlaco  y muchas más; sin un enfoque intersectorial de política es fantasioso confrontar exitosamente estos problemas. Cómo hacer prevalecer los intereses ambientales de México en foros multilaterales (cambio climático, mares, biodiversidad) y comerciales, y en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Guatemala y Belice en materia de  recursos naturales, sin un mecanismo de coordinación gubernamental. La política energética, la política fiscal, y de precios de los energéticos, parámetros canónicos para un desarrollo sostenible, carecerán de imperiosos contenidos ambientales.

Algo similar se anticipa en sectores clave como el turismo y la educación. ¿Cómo piensa el gobierno enfrentar estos desafíos? O, es que no lo ha pensado.

Es preciso que la omisión se corrija. Que se de a SEMARNAT el liderazgo necesario y la oportunidad de salir de su silencio y aislamiento. Para ello, un Gabinete de Sustentabilidad es indispensable. En verdad, México realmente lo necesita.